Cargas limpias: ZEAL analiza caminos legales para impedir aforos

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Hace unos días TPS (Terminal Pacífico Sur) finalmente comenzó a aforar en sus dependencias en un hecho que, teóricamente, pondría término al conflicto por las cargas limpias, denominado así en referencia a la revisión de las mercancías de importación y exportación que transfiere el puerto de Valparaíso.

Sin embargo, la controversia aún permanece. Primero por el rechazo que ha mostrado el gremio de los funcionarios de Aduanas a este cambio y también por el otro actor en el tema: la Zona de Extensión de Apoyo Logístico (ZEAL).

El gerente general de dicha empresa, Enrique Morales, confirmó que actualmente analizan el último fallo de la Suprema. Éste ratificó el de la Corte de Apelaciones en relación al recurso de protección presentado en su momento por ZEAL contra la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) luego del avenimiento entre la estatal y TPS, que le permitió a este último terminal aforar en sus dependencias, un hecho que el operador del grupo Von Appen viene reclamando desde hace casi cinco años.

Voto disidente

«A juicio de estos sentenciadores, esta acción cautelar no es la vía idónea para resolver el desacuerdo de las partes, en cuanto a determinar esta supuesta exclusividad otorgada al recurrente, debiendo resolverse naturalmente tales cuestiones, en un juicio de lato conocimiento, en el caso ante un juez árbitro o por otros medios legales o por acuerdo de las propias partes», señala la mencionada resolución que contiene un voto disidente, redactado por el ministro y expresidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz, quien estimó que el recurso de protección debía acogerse.

«La Corte Suprema falló de acuerdo a la forma y señala lo que dijo la Corte de Apelaciones que el instrumento que usamos nosotros, vale decir el recurso de protección no fue el adecuado para resolver esta disputa, pero lo interesante es que hay un ministro -Sergio Muñoz- que sí entró al fondo. Ahora lo relevante es que él, siendo constitucionalista, plantea cosas muy relevantes», comenta el ejecutivo, aludiendo al escrito.

«Se indica que la decisión de EPV es ilegal y arbitraria, y a nuestro entender eso es muy relevante, más aún considerando que fue el único ministro que entró al fondo del asunto», subraya Morales.

El ejecutivo recalca que el voto del ministro Muñoz cita el artículo 7 inciso 2º de la Ley de Puertos (Ley Nº19.542) que señala, básicamente, que las concesiones portuarias deberán realizarse mediante licitación pública y que los derechos de los concesionarios solo podrán afectarse o limitarse en la forma y condiciones que se hayan señalado en las bases de licitación respectivas. También consigna que el voto disidente remarca que dicho acuerdo (EPV-TPS) es arbitrario pues sus fundamentos obedecen al mero interés de la estatal y además, se compromete la acción de organismos públicos como el SAG y la Aduana que reconocieron expresamente, cuando informaron en el marco del recurso de protección, a petición de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, no haber sido consultados.

«Este análisis que hace el ministro está en la línea de lo que venimos planteando hace tiempo, ahora lo que queremos saber es de dónde viene este cambio al modelo logístico (…) además lo que no entendemos es por qué TPS sólo va a realizar aforos de importación y no de exportación cuando está facultado para realizar los dos», advierte Morales, añadiendo que el voto del ministro Muñoz es un aliciente más para seguir con el proceso.

A todas las instancias

Sobre los pasos a seguir, enfatiza que hay varios caminos que por estos días están siendo revisados por parte de los asesores legales de la empresa ligada al grupo español AZVI.

«Nuestro abogados están analizando el fallo y como lo hemos dicho vamos a recurrir a todas las instancias que tenemos a nuestro alcance para revertir esta situación. Nosotros sostenemos que lo que hizo EPV es arbitrario y que viola el contrato porque acá hay un inversionista privado al que le cambiaron las reglas de un momento a otro y esa no es una cosa que uno pueda dejar pasar», dijo el gerente general de ZEAL que insiste que por ahora se revisan las acciones a tomar no descartando opciones como abrir otro juicio o recurrir al tribunal de la libre competencia.

«Hay varias opciones, el contrato evidentemente es uno de ellos, pero existen una serie de alternativas. Por ahora no sabemos cuál vamos a ocupar y en su momento lo vamos a dar a conocer. Estamos viendo el más adecuado y, sobre todo, el más efectivo porque lo que queremos nosotros es que se resuelva luego pues no podemos estar en esta incertidumbre», sostiene Morales, añadiendo que están esperando conocer los argumentos para que la estatal haya tomado la decisión. «A nosotros se nos señala que estamos reclamando por un tema económico, pero eso es lógico. Cuando un inversionista se embarca en un contrato a largo plazo lo hace porque ve un negocio y quiere recuperar lo invertido».

Aduanas

En tanto, Aduanas, informó el viernes último que comenzó el aforo en TPS, el que «se da en contexto del trabajo que le corresponde realizar a la institución dentro de sus facultades de fiscalización y facilitación del comercio exterior», indicó a través de una declaración en la que aclara que TPS tuvo que superar una serie de observaciones para cumplir con las exigencias legales y requisitos contenidos, entre otros, en la Ordenanza de Aduanas. Asimismo, advierte que evaluará permanentemente las condiciones operacionales de las instalaciones para verificar que los estándares de seguridad para los funcionarios y las mercancías sean los adecuados.

Este argumento no convence a los funcionarios del servicio que no descartaron movilizaciones tras esta decisión

«Si bien las condiciones de higiene, principalmente de los servicios sanitarios, han sido mejorados, no ha habido mejora alguna respecto al lugar físico donde se deben realizar los aforos», señala una declaración emitida por la filial Valparaíso de Anfach que llama a las bases a estar atentas a los acontecimientos. «Exigimos a las autoridades del Servicio un actuar que privilegie la seguridad y el bienestar de los trabajadores aduaneros, la transparencia en las gestiones que buscan mejorar el buen servicio, siempre en pos del bien común y no de los intereses y presiones que ejercen algunos privados».

 

Fuente: El Mercurio Valparaíso