EN MATERIA de inversiones, uno de los grandes desaf\u00edos que ha asumido el gobierno es \u201cdestrabar\u201d el proceso de aprobaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de grandes proyectos. Sin lugar a dudas, esto afecta tambi\u00e9n a la infraestructura concesionada que, siendo proyectos de Estado, muchas veces se enfrentan a entidades y regulaciones del propio Estado que entraban su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n
Como CPI hemos sido particularmente cr\u00edticos de las dificultades a que se han visto enfrentadas diferentes iniciativas como resultado de una institucionalidad que no est\u00e1 orientada a precisamente facilitar el proceso de inversiones, sino m\u00e1s bien a verificar la calidad de los proyectos y al cumplimiento de las exigencias de diferente naturaleza que estos deben satisfacer. Esto se ha visto profundizado por la falta de coherencia, entre las diferentes expresiones institucionales respecto de la importancia de los proyectos para el desarrollo del pa\u00eds y la ausencia de un mecanismo que permita dirimir las leg\u00edtimas diferencias que puede haber entre entidades respecto del efecto en el territorio de los grandes proyectos de infraestructura.<\/p>\n
Un agravante ha sido que, por falta de recursos y por un af\u00e1n de priorizar la adjudicaci\u00f3n de un proyecto a un ejecutor privado, sea este un constructor o un concesionario, se le ha transferido la responsabilidad de la tramitaci\u00f3n. Para buena parte de las obras deben ser los propios concesionarios o constructores los que tramiten los permisos de diferente naturaleza, cuando debiera ser responsabilidad del mandante.<\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, y con el af\u00e1n de comenzar a delinear un futuro de m\u00e1xima colaboraci\u00f3n entre todos los involucrados en proyectos de gran escala podr\u00eda asumirse, como primer paso, un compromiso entre las partes que asegure una r\u00e1pida ejecuci\u00f3n de los proyectos ya aprobados y en fase de toma de raz\u00f3n por los organismos de control. Esto debiera movilizar recursos por m\u00e1s de US$ 2.000 millones en un plazo inferior a 18 meses. En paralelo, las autoridades responsables de las \u00e1reas de inversi\u00f3n m\u00e1s relevantes podr\u00edan identificar los proyectos de mayor importancia en cartera y comenzar desde ahora el proceso de dise\u00f1o definitivo, aprobaci\u00f3n de autorizaci\u00f3n ambientales y de participaci\u00f3n ciudadana que aseguren que una vez traspasado a un privado, este puede iniciar la construcci\u00f3n pr\u00e1cticamente en forma inmediata.<\/p>\n
Una tercera l\u00ednea de acci\u00f3n debiera ser revisar las l\u00f3gicas institucionales y los esquemas regulatorios de tal manera de alcanzar una cierta coherencia entre ellas, en funci\u00f3n de una estrategia de desarrollo debidamente consensuada. Y si no es posible, afiatar los mecanismo que diriman las controversias entre organismos del Estado que pueden tener visiones diferentes desde sus especificidades.<\/p>\n
*Secretario ejecutivo, Consejo de Pol\u00edticas de Infraestructura<\/p>\n
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Fuente: Pulso<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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