De la decisi\u00f3n del concesionario de no perseverar en el proyecto del Terminal 2 del puerto de Valpara\u00edso, se desprende un aprendizaje para el futuro. El Estado, a trav\u00e9s de la Empresa Portuaria de Valpara\u00edso, llam\u00f3 a una licitaci\u00f3n para ampliar su puerto, de acuerdo con la ley de puertos y dentro de sus atribuciones. Un inversionista se present\u00f3 y se adjudic\u00f3 el contrato de concesi\u00f3n de buena fe.<\/p>\n
Hubo un proceso de evaluaci\u00f3n ambiental, a trav\u00e9s de los \u00f3rganos competentes del Estado, siguiendo la normativa vigente, y hubo opositores que ejercieron sus derechos leg\u00edtimamente. Aun as\u00ed, el proyecto finalmente no se har\u00e1. \u00bfQu\u00e9 fall\u00f3? Que la evaluaci\u00f3n de los impactos ambientales y sociales del proyecto y la tramitaci\u00f3n de los permisos debi\u00f3 hacerse antes de licitar, y no despu\u00e9s. O sea, hubo una falla en el dise\u00f1o del proceso.<\/p>\n
Si es el Estado quien llama a los privados a invertir, la discusi\u00f3n sobre los impactos del proyecto debe hacerse primero dentro del Estado, convocando a participar a los actores pertinentes y estableciendo las condiciones para su realizaci\u00f3n. De esa manera, los inversionistas pueden evaluar correctamente los riesgos de su inversi\u00f3n. As\u00ed se hizo en su oportunidad con las concesiones de autopistas urbanas en Chile, con \u00e9xito.<\/p>\n
Con ese dise\u00f1o se evita que un puerto p\u00fablico pierda tiempo y recursos en un proyecto que necesita, pero que finalmente no se hace; que un inversionista pierda recursos sin poder ejecutar el proyecto; o peor a\u00fan, que un concesionario obtenga ganancias por operar un terminal de un puerto p\u00fablico por 7 a\u00f1os (los 5 que han pasado m\u00e1s los 2 que vienen) sin efectuar, por factores externos a \u00e9l, las inversiones comprometidas en el contrato de concesi\u00f3n.<\/p>\n
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Fuente: El Mercurio Valpara\u00edso<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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