Luego de 7 a\u00f1os sin mayor actividad en el Congreso, el Ejecutivo decidi\u00f3 reimpulsar el proyecto de ley de administraci\u00f3n de uso del borde costero y concesiones mar\u00edtimas. La reactivaci\u00f3n de esta iniciativa es una oportunidad para asegurar un uso equilibrado y eficiente del borde costero y promover una adecuada planificaci\u00f3n de los puertos en Chile. Es, tambi\u00e9n, la ocasi\u00f3n propicia para despejar incertidumbres y evitar discrecionalidades que hoy afectan al sector portuario, desalientan las inversiones y pueden impactar negativamente en el desarrollo del comercio exterior de nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
En esta l\u00ednea, la definici\u00f3n de \u00e1reas especiales reservadas para la construcci\u00f3n de los puertos del futuro resulta esencial. Considerando que cerca del 94% del comercio exterior se realiza por v\u00eda mar\u00edtima y que los vol\u00famenes transferidos crecen a\u00f1o tras a\u00f1o -en los \u00faltimos 20 a\u00f1os se han triplicado-, es evidente que el pa\u00eds necesitar\u00e1, en el mediano plazo, desarrollar nuevos puertos para atender la creciente demanda, como lo planteamos en nuestro reciente informe Camport \u00abAdministraci\u00f3n del Uso del Borde Costero\u00bb.<\/p>\n
Actualmente no existen zonas de nuestra costa reservadas para un uso portuario futuro. A pesar que Chile tiene miles de kil\u00f3metros de costa, en muy pocos sectores se dan las condiciones naturales para construir un puerto. Si no se reservan para este uso, podr\u00edan ser asignadas para otros fines, que s\u00ed tienen opciones de localizaci\u00f3n. Es fundamental que esta ley contemple un mecanismo \u00e1gil y eficiente que resguarde las zonas aptas para un uso portuario futuro, tal como se har\u00eda con espacios estrat\u00e9gicos para la defensa nacional.<\/p>\n
Es tambi\u00e9n la oportunidad para mejorar deficiencias regulatorias y despejar incertidumbres que hoy desalientan las inversiones portuarias. Un ejemplo es la discrecionalidad de los cobros que realiza la Subsecretar\u00eda de las Fuerzas Armadas a los concesionarios mar\u00edtimos, que se suman a los impuestos cobrados por el SII mediante sucesivas revalorizaciones de terrenos e instalaciones. Ambos cobros se superponen y conducen a que los privados paguen varias veces, en el plazo de la concesi\u00f3n, el valor de sus desarrollos, los cuales quedar\u00e1n finalmente de beneficio fiscal al t\u00e9rmino del plazo de concesi\u00f3n.<\/p>\n
Esta situaci\u00f3n se agrava por diversos hechos, entre ellos, que el concesionario s\u00f3lo conoce el valor real de los pagos despu\u00e9s de ejecutadas las obras; que no existe ninguna prioridad para que los puertos puedan renovar sus concesiones -frente a otras inversiones menos estrat\u00e9gicas o de menor envergadura-; que existen riesgos de renovaci\u00f3n relacionados con la Ley Lafkenche, y que la falta de zonificaci\u00f3n de bah\u00edas aptas para uso portuario complica la solicitud de concesiones en gran parte del pa\u00eds.<\/p>\n
A esto se suma otra situaci\u00f3n adversa: las ocupaciones ilegales de terrenos fiscales en el borde costero, con el mal precedente de anunciar la regularizaci\u00f3n de gran parte de las viviendas, lo cual va en contra de lo que pretende justamente el proyecto de ley, que es administrar el borde costero con racionalidad, estableciendo criterios y normativas que se respeten.<\/p>\n
Hoy tenemos la posibilidad de planificar el uso del borde costero con una visi\u00f3n de largo plazo. No perdamos la oportunidad.<\/p>\n
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Fuente: El Mercurio Valpara\u00edso<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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