El Tribunal de alzada descart\u00f3 que la actividad desarrollada por las recurridas afecte a la empresa Siprol SpA, que comercializa un sistema similar.<\/p>\n
En fallo un\u00e1nime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechaz\u00f3 el recurso de amparo econ\u00f3mico presentado en contra del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Direcci\u00f3n de Obras Portuarias, el Instituto Nacional de Hidr\u00e1ulica y el centro de Energ\u00eda Marina SpA, organismos que impulsan la creaci\u00f3n de un sistema gratuito de monitoreo de oleaje para los puertos del pa\u00eds.<\/p>\n
La sentencia indica que corresponde hacerse cargo del fondo de la cuesti\u00f3n debatida, cobrando relevancia para su decisi\u00f3n, establecer si en los hechos se ha verificado el supuesto establecido en el art\u00edculo 19 N\u00b021 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica, en su inciso segundo, respecto al ejercicio de una actividad empresarial del Estado.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n agrega que en este aspecto ha de precisarse que el sentido y alcance del amparo econ\u00f3mico, es cautelar la libertad econ\u00f3mica, respecto del \u2018Estado Empresario’, vale decir cuando precisamente es el Estado, que interviene en el \u00e1mbito econ\u00f3mico, vulnerando el principio de subsidiaridad y no cumpliendo las condiciones establecidas en el art\u00edculo 19 N\u00b0 21 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de la Rep\u00fablica. As\u00ed entonces, esta acci\u00f3n constitucional, no est\u00e1 dirigida a cautelar el derecho a la libertad econ\u00f3mica de los particulares en cuanto se transgredan los presupuestos establecidos en la norma constitucional citada, no ampara los intereses particulares, sino s\u00f3lo cuando existan vulneraciones provenientes de la actividad empresarial del Estado.<\/p>\n
A\u00f1ade que siguiendo la premisa sentada precedentemente, resulta pertinente precisar que la actividad que se reprocha corresponde al proyecto ‘Servicio de Apoyo para la Generaci\u00f3n de un Sistema de Predicci\u00f3n de Oleaje y su Implementaci\u00f3n’, el que tiene por objeto colaborar con el Laboratorio de Ingenier\u00eda y Desarrollo DOP para el desarrollo de un sistema de predicci\u00f3n de oleaje local, que permita pronosticar las condiciones de agitaci\u00f3n en la d\u00e1rsena del Puerto de San Antonio.<\/p>\n
Para el Tribunal de alzada, de los antecedentes aparece que dicho proyecto busca, mediante un trabajo conjunto ir desarrollando un sistema de pron\u00f3stico de oleaje que sea capaz de proveer las herramientas t\u00e9cnicas necesarias para determinar los cierres de puerto. Luego, se enmarcar\u00eda dentro de un servicio de utilidad para todos los terminales del pa\u00eds, sin que aparezca elemento o indicio que ello importe obtener una ganancia o lucro de parte del Estado, a trav\u00e9s de sus instituciones part\u00edcipes en el proyecto.<\/p>\n
Concluye que en este escenario no es posible atribuir ilegalidad a las recurridas, pues el acto denunciado se enmarca en las pol\u00edticas de mejoramiento de la eficiencia y competitividad del sector portuario, al amparo de la Ley N\u00b020773 de 2014, mediante la que se crea un Fondo de Modernizaci\u00f3n Portuaria, y su Reglamento, Decreto 121, de 2015 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones<\/p>\n
Fuente: diarioconstitucional.cl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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