Después de un amplio análisis, la Armada inició un nuevo proceso para determinar las responsabilidades administrativas en el caso de derrame ocurrido el 14 de mayo de 2016, cuando se verificó la contaminación de la bahía de Quintero con aceite decantado que cayó desde el buque «Ikaros», en el momento que operaba en el terminal Multicrudo de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
La aplicación de un nuevo procedimiento para calcular el total del vertimiento es clave en la investigación, confirmó el gobernador marítimo de Valparaíso, Jorge Imhoff, quien explicó que la operación es liderada por expertos de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM).
El proceso consiste en calentar los estanques donde actualmente se encuentra el aceite decantado que fue recuperado desde el fondo de la bahía los días posteriores al incidente. Esto permitirá definir cuánto es agua de mar y cuánto es combustible. «El resultado puede estar en varias semanas, de tal manera que se produzca la separación de las sustancias», explicó Imhoff.
La medida, aclaró el gobernador marítimo, «ya está en ejecución para poder separar las mezclas oleosas, que es agua de mar con aceite, lo que arrojó este derrame. Se está llevando a cabo eso. Los académicos tuvieron que definir cuál era el método más apropiado para esto».
Cuando ocurrió el derrame, en mayo de 2016, la Armada anunció el sumario para determinar las responsabilidades administrativas en el caso por el vertimiento de aceite decantado (Slurry Oil) tras detectar que la línea de flexible usada en la operación entre el buque «Ikaros» y el terminal de Enap se había hundido en el fondo marino.
A más de un año del hecho, aún no existe precisión sobre la cuantía exacta de lo derramado, pero trascendió que el dato es clave para determinar las responsabilidades de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y los encargados del buque tanque «Ikaros».
Mayor fiscalización
Las nuevas pericias en el sumario administrativo de la Armada por el derrame de aceite decantado fueron materia de análisis por parte de parlamentarios de la zona, quienes coincidieron en que, a casi 15 meses de ocurrido, falta una mayor fiscalización para evitar que un hecho como este vuelva a pasar.
La senadora Lily Pérez (Amplitud) recalcó que «me parece que ha sido demasiado lento el proceso, creo que en una región como la nuestra, la lentitud de estos procesos no corresponde, porque estamos expuestos a este tipo de derrames cada cierto tiempo, estamos con estos hechos que son lamentables».
Por esa razón, aseveró, «he estado conversando con la Armada por el tema del ‘loading master’ porque si los especialistas han sido los capitanes de altamar durante mucho, creo que es muy importante que los requisitos para ser ‘loading master’ se mantengan muy altos y los criterios sean muy exigente. Me importa que las exigencias sean las más rigurosas y altas que existan, porque el ‘loading master’ es la persona que está a cargo de todos los trasvasijes de combustibles y otros en altamar».
En tanto, la diputada Andrea Molina (UDI) dijo que «me parece positivo que esté abierta la investigación, ese es un punto clave para nosotros que habíamos perdido toda posibilidad de tener algún tipo de respuesta real en relación a las responsabilidades y Enap».
La legisladora gremialista destacó que «es importante tener la cuantía la exacta para ver las responsabilidades por parte de la investigación. A partir de ello, vamos a seguir presionando y fiscalizando para ver si se han cumplido todos los requerimientos exigidos para Enap en estos últimos años».
La diputada subrayó que hay que fiscalizar «los protocolos que se han implementado en la bahía de Quintero. Tenemos que ver si se han realizado las instalaciones que corresponden en base a las necesidades que se tienen y se tenían que cubrir a partir de los derrames».
Pescadores
La mayor preocupación de los pescadores referente al proceso es el tiempo que ha durado la investigación por parte de la Armada, lo ha detenido procesos judiciales que han entablado por el daño ocurrido en la bahía y el perjuicio a su trabajo.
Roberto Monardes, representante de la organización Caletas Unidas de Quintero, aseveró que «a nosotros principalmente nos preocupa el tiempo, la demora en los sumarios, porque en este caso es un año, pero comparado con el sumario del 2011 por el vertimiento de carbón en puerto Ventanas, aún no hay resolución y hay procesos judiciales en curso. Esto nos inquieta porque por una parte la demora conlleva a tener problemas de resoluciones».
Monardes destacó la iniciativa de la Armada y recalcó que lo único que se pide es mayor «celeridad en el proceso, porque cuando pasa el tiempo se alejan las verdades».
El presidente de caleta de Ventanas, Gabriel Carvajal, precisó que «nosotros acá estamos en una bomba de tiempo porque sabemos que en cualquier momento o es Enap u otra empresa la que cometerá una equivocación, lo que sucede en la bahía no aguanta más. Ha sido muy lento el proceso y no vemos avance. Incluso nos prometieron un embarcadero este año y aún no está la licitación».
MAYOR TRANSPARENCIA EN INVESTIGACIONES
Sobre el proceso de investigación por el derrame de combustible en la bahía de Quintero, la senadora Lily Pérez destacó que debe existir mayor transparencia en la entrega de antecedentes. «Yo lo que más le he pedido a la Armada es que tengan un nivel de autocrítica y exigencia muy altos en estas materias y en este proceso. Ha faltado información a todos los organismos y a la gente involucrada, y cuando no hay información hay falta de transparencia. Estos procesos hay que hacerlos con la mayor apertura y transparencia, o si no se genera desconfianza», afirmó la parlamentaria.
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
