En los próximos diez años, seis de las principales concesiones viales del país completarán los plazos de sus contratos (ver tabla), lo que marcará un hito: la próxima década será la que atestigüe el inicio de una llamada «segunda generación» de concesiones, con contratos que incluirán aprendizajes del modelo iniciado a mediados de los años 90 con el túnel El Melón y el camino Nogales-Puchuncaví.
El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, adelanta que las nuevas concesiones incluirán los denominados «gatillos de inversión», un modelo que ya se aplicó al nuevo contrato del aeropuerto de Santiago: cuando la obra supera una capacidad, se activa un proceso para ejecutar su ampliación.
«Este nuevo mecanismo permite mejorar el sistema de concesiones, toda vez que optimiza las condiciones en que el contrato fue originalmente concebido. Permite enfrentar nuevas inversiones cuando se producen determinadas condiciones. Esto es bueno para los usuarios y, además, obliga a que la obra ejecutada eleve sus condiciones de servicio cuando se produce más demanda», explica Undurraga.
Con la figura se busca dejar atrás el uso excesivo de los llamados convenios complementarios: negociaciones entre el Estado y las concesionarias que permiten construir obras adicionales para aumentar la capacidad, a cambio de una extensión en el plazo de concesión o un alza de los peajes.
Según un análisis realizado por una empresa concesionaria, de las 30 principales concesiones, 26% (ocho) han confirmado la existencia de negociaciones o han anunciado su intención de iniciarlas. Sus inversiones totalizan US$ 2.400 millones. Según el estudio, esto genera perjuicios económicos al fisco y recomienda adelantar la ejecución de obras, a cargo de una siguiente concesión, para conseguir precios más competitivos.
Esta figura ya la aplica el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la concesión Los Vilos-La Serena, que culmina en 2022. En esa obra ya se trabaja en la nueva licitación para adelantar la ejecución del tramo urbano La Serena-Coquimbo, que será realizada por un futuro concesionario.
De acuerdo al secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz, «los nuevos contratos deben tener entre 15 y 20 años de plazo. Si son muy cortos, puede conllevar situaciones críticas que no permiten que se paguen en el tiempo. Deben poder incorporar exigencias adicionales de los usuarios y tecnologías. En cuanto a los «gatillos», deben estar predefinidas las compensaciones».
Leonardo Daneri, presidente de la asociación de concesionarios (Copsa), en este tipo de inversiones «se debe ser cuidadoso con el esquema tarifario». A su juicio, la inclusión de estos detonantes de trabajos complementarios «dan cuenta de que las obras no pueden quedar estáticas cuando todo crece alrededor. Deben incorporar facilidades en la inversión, como las fajas expropiadas para construir las futuras obras».
Ruta 68
MOP buscará que próxima concesión incorpore vías urbanas del Gran Valparaíso.
Fuente: El Mercurio
