Director de Iniciativas Privadas Ltda. plantea que su proyecto debería ser declarado de interés público.
De la desazón al optimismo pasó en los últimos cinco meses la empresa Iniciativas Privadas Ltda, el consorcio de capitales chilenos y españoles que en febrero de este año acudió a la Contraloría acusando al Gobierno anterior de privilegiar el proyecto de tren rápido que impulsa TVS y no el de ellos, que fue presentado en 2009 y que en 2016, pese a haber sido declarado de interés público, fue descartado por las autoridades.
Y es que esta semana, en un anuncio más político que técnico, los senadores Francisco Chahuán y Manuel José Ossandón -ambos de RN- aseguraron que el Presidente Piñera había decidido impulsar una licitación pública para concretar dicho proyecto, descartando así la idea del consorcio TVS de que les entregaran un permiso a través de la Ley General de Ferrocarriles.
Y si bien al día siguiente el coordinador de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transportes, Alexis Michea, no ahondó en si la decisión ya estaba tomada, sí dijo en reiteradas oportunidades que el mejor mecanismo justamente sería una licitación a través del Sistema de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo que fue valorado por el consorcio chileno-español.
Desde España, el director de Iniciativas Privadas Ltda, Benedicto García de Mateos, destacó la decisión del Ejecutivo asegurando que el modelo de Concesiones «es la única ley que ha desarrollado proyectos de esta naturaleza, y de manera exitosa y comprobada».
De hecho, además de mostrarse abiertos a competir en una eventual licitación internacional, el director aseguró que las autoridades debiesen declarar su proyecto como de interés público y no otro. «La ley de concesiones prioriza al proponente que lo ha presentado en primer lugar», comentó García de Mateos.
«La Ley es clara al definir que en el caso de licitarse un proyecto de estas características es obligatorio para el proponente concurrir a la licitación, ya que si no lo hace perdería no sólo el monto indicado en la boleta de garantía, sino que la totalidad de lo invertido en los estudios necesarios, y hablamos de unos US$ 8 millones sólo para la fase de anteproyecto», sostuvo el director, agregando que «nuestro grupo ya ha invertido una suma importante desde 2009».
Tal como habían opinado con anterioridad diferentes exautoridades, desde el consorcio internacional también cuestionaron la capacidad que tiene la Ley General de Ferrocarriles para garantizarle al Estado que un proyecto de esta naturaleza no provocará contratiempos.
«La Ley de Ferrocarriles, en lo que se refiere a la concesión de servicios ferroviarios, resulta un instrumento inaceptable en el siglo XXI para un país desarrollado y miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) como lo es Chile», expresó García de Mateos.
En esa línea, el director insistió en que si el Gobierno avanza con dicho mecanismo «se adjudicaría una concesión sin competencia alguna y sin ninguna de las salvaguardas que contempla la ley de concesiones, como la participación de la ciudadanía y de las distintas instituciones implicadas con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, definiendo no sólo el trazado más idóneo, sino que las condiciones que se impondrán al concesionario para llevarlo a cabo».
Al contrario, agregó Benedicto García de Mateos, la declaración de interés público vía Concesiones «supone la aceptación de unas reglas de juego que garantizan no sólo la realización de los estudios de manera transparente y participativa, sino que también la licitación internacional entre los distintos oferentes interesados de una manera normada en base a la libre competencia».
Respecto a las capacidades que mantiene el grupo chileno-español para insistir en la construcción del tren rápido entre Valparaíso y Santiago, el director detalló que en la actualidad el consorcio «mantiene acuerdos con empresas con una amplia experiencia en proyectos ferroviarios de mayor inversión y complejidad como son FCC (Fomento de Construcciones y Contratas ) y Talgo.
Ambas empresas, agregó el ejecutivo, participan hoy en día en la construcción del proyecto de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina, en Arabia Saudita.
«Ley de Ferrocarriles no es aceptable en el siglo XXI», Benedicto García de Mateos, Director del consorcio, Iniciativas Privadas Ltda.»
Fuente: El Mercurio de Valparaíso
