A partir del lunes, la Empresa Puerto de Arica (EPA) modificó las condiciones que regían sobre las cargas que procedían o tenían por destino Bolivia y redujo a 60 días el periodo de almacenamiento gratis para las exportaciones e introdujo un plazo de un año sin cobro para las importaciones.
Cuando los plazos culminen, todos los productos que hayan excedido el tiempo establecido generarán una tarifa de US$0.85 por tonelada por el concepto de uso de muelle.
No obstante, Bolivia goza de beneficios en esta materia: todas las cargas que no correspondan a la nación altiplánica deberán cancelar un monto que fluctuará entre los US$1.95 y US$2.79.
De acuerdo a El Mercurio, EPA aplicó el manual de servicios y tarifas a modo de aumentar a casi el doble la cantidad de carga que pasa por el terminal portuario anualmente. Es decir, buscan alcanzar los 5.5 millones de toneladas.
En conversación con la televisión local, el canciller boliviano Diego Pary criticó las nuevas disposiciones.
“Nosotros rechazamos cualquier incremento en las tarifas de manejo de la carga. Ya con el incremento que se realizó del 10.7% en 2016 Bolivia no ha pagado ningún incremento a las tarifas establecidas”, dijo.
“Por lo tanto nosotros estamos exigiendo que se puedan establecer los mecanismos de diálogo correspondientes y podamos encontrar una salida que sea viable para ambos países”, añadió el diplomático.
“En su momento, ambos países habíamos incluso intercambiado que podíamos tener una facilitación de la Cepal para que podamos encontrar un punto intermedio, un punto de equilibrio”, finalizó Pary.
Ante la polémica por los nuevos cobros, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado al respecto, en el cual afirmaron que Chile “ratifica su más pleno respeto al Tratado de Paz y Amistad de 1904, que reconoce el más amplio y libre derecho de tránsito comercial en favor a Bolivia”.
Sumado a ello, argumentaron que tomaron conocimiento de las medidas adoptadas por el concesionario del Puerto de Arica y la invitación cursada a ASP-B a dialogar –en un ámbito comercial- “sobre posibles descuentos a las tarifas aplicables a la carga boliviana”.
En esa línea, admitieron que el viernes 2 de agosto de 2019 se entregó una nota a la cancillería de Bolivia donde precisaron y aclararon “este y otros aspectos”.
La molestia de Bolivia se basa justamente en el mencionado tratado ya que, a su juicio, la nueva reglamentación vulneraría lo acordado entre ambas partes.
Ante los cuestionamientos, desde la empresa anunciaron que Bolivia puede acceder a descuentos por volumen y que para el retiro programado de carga incluso cuentan con el beneficio de tarifa cero.
Fuente: Biobio
