Ximena Fuentes: «El libre tránsito no significa gratuidad en los servicios portuarios»

El martes, la directora nacional de Fronteras y Límites, Ximena Fuentes, se refirió a la visita boliviana del canciller Coquehuanca, clasificándola como un «show mediático» por el cual Bolivia «ha decidido cortar la vía de comunicación» con Chile.

«Es claro para nosotros que la visita del canciller Coquehuanca no se marca ciertamente en la búsqueda de un diálogo de paz y de buena vecindad», asegura Fuentes. «No sólo no ha cumplido con las reglas de la cortesía internacional, sino que forma parte de una estrategia diseñada comunicacionalmente en Bolivia y es también una estrategia de acoso a las autoridades de Chile», agregó la también agente chilena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Según cuenta la autoridad, «hace unos dos años que Bolivia ha emprendido una campaña de denuncias respecto al supuesto incumplimiento al régimen de libre tránsito que garantiza el Tratado de 1904».

Una de las quejas principales que declaró Coquehuanca fue el reajuste de tarifas que cobran los puertos por los servicios que otorgan a la carga de su país. Al respecto, la Directora Nacional aseguró que las tarifas se explican por la implicancia de la mano de obra, la maquinaria, las inversiones en infraestructura, entre otros.

«Quiero dejar muy claro que el libre tránsito no significa, en ningún caso, gratuidad en los servicios portuarios», enfatizó Fuentes. «Bolivia obtiene de los puertos tarias preferentes, por lo tanto, mal puede alegar discriminación», agregó.

La carga boliviana, actualmente, goza de almacenamiento gratuito durante 60 días para la exportación y 365 dás para la importación. «No puede haber discriminación cuando el 70% de la carga que atiende el puerto de Arica es boliviana», añadió la autoridad.

En la misma línea, la agente chilena explicó que la entidad aduanera Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) es la empresa estatal que intermedia entre el importador boliviano y el puerto, por consiguiente, es quien cobra los servicios a los importadores de dicho país.

«Este es el gran negocio del Estado boliviano, a costa de sus propios importadores», concluyó Fuentes.

Fuente: La Tercera